El Tribunal Supremo de España (TSE) condenó al antiguo director del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, a 4,5 años de cárcel.
El TSE ratificó la pena de cuatro años y medio de cárcel impuesta a
Rodrigo Rato por el delito de apropiación indebida, en el caso de las
llamadas “tarjetas black”.
Según el propio fiscal, el que también fuera vicepresidente económico de
José María Aznar utilizó el prestigio que le daban estos dos cargos
para transmitir un “ficticio mensaje de solvencia y buenas perspectivas
muy alejadas de la realidad”.
Se esperan más condenas a Rato en investigaciones que tienen que ver con
su Administración al frente de Bankia y por el origen de su patrimonio.
Esta última en el marco de una megacausa que investiga la comisión de
delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. Pero las
causas judiciales en delitos económicos parecen ser un patrón en quienes
están al frente del FMI.
La actual presidente Christine Lagarde asumió el cargo ya empapada de
escándalos. Ya estando al frente del FMI, Lagarde fue condenada por la
Justicia francesa por un caso de desvíos de fondos públicos durante su
mandato como ministra de economía en Francia.
La Corte de Justicia de la República de Francia consideró que Lagarde
fue negligente al no presentar en 2008, durante la presidencia de
Nicolas Sarkozy, un recurso para anular una decisión arbitral en la que
se concedió al empresario galo Bernard Tapie una indemnización de más de
400 millones de euros, provenientes de las arcas del Estado.
Pero más allá de cada uno de los casos, lo que llama la atención es que
quienes dirigen el organismo económico internacional más importante del
mundo, que endeuda a los países más pobres y os leva a la bancarrota,
sean personas con problemas judiciales en sus propios países, y
justamente por delitos económicos.
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