Por Elisa Mata (*) Cuando muchos niños son agasajados en sus hogares
por la festividad del “día del niño” parece ineludible reflexionar
acerca de otra realidad, la de millares de criaturas y adolescentes que
huyen de las guerras, atravesando el mar junto a sus familias, sin saber
siquiera si podrán arribar a destino o perderán la vida al naufragar
esas barcazas miserables fletadas por los mercaderes de la guerra.
Un destino incierto, como el de millones de refugiados que se aferran
a la esperanza de paz y sufren rechazo y discriminación en países que
promovieron los conflictos que los obligan a abandonar su tierra.
Niños maltratados y hambreados como los que, en nuestro país, son explotados en la zafra o los yerbatales, que recogen cartones en las ciudades y asisten a las escuelas para recibir un plato de comida no demasiado abundante ni nutritiva, tratando también ellos de sobrevivir a la discriminación y la miseria.
Todo esto, que podría ser calificado como un atentado a la infancia, al futuro de la humanidad, tiene su lamentable paradigma en la política llevada adelante por el gobierno de Israel en contra de los niños y jóvenes palestinos.
El Parlamento israelí aprobó hace un mes, con el apoyo de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, la denominada ‘ley de la juventud”. A pesar de lo que podría imaginarse al leer el título, esta nueva herramienta jurídica -promovida por Anat Berko, parlamentaria del mismo partido al que pertenece el primer ministro Bejamín Netanyahu- no es en favor de los jóvenes sino que permitirá encarcelar a “menores condenados por crímenes graves como asesinato, intento de homicidio u homicidio, incluso si el agresor es menor de 14 años”, destinada a condenar y encarcelar palestinos.
B’Tselem, una organización humanitaria israelí criticó duramente esta ley, y afirmó que “En lugar de enviarlos a prisión, sería mejor que Israel los enviase a la escuela, donde podrían crecer en la dignidad y la libertad, no bajo ocupación”.
En ese contexto, el pasado mes de mayo, un tribunal israelí condenó a Ahmad Manasrah, de 14 años, por "intento de asesinato" y posesión de un cuchillo, acusándolo de haber intentado atacar a un soldado en Jerusalén el año pasado.
Saleh Manasrah, padre de Ahmad afirma que su hijo “no trató de apuñalar a nadie; las acusaciones son falsas". Los fiscales basan su acusación en un hecho ocurrido en el barrio de Shufat –Jerusalén oriental, en el que soldados israelíes dispararon y mataron a su primo Hassan Manasrah, de 15 años y resultó gravemente herido Ahmad, “tras ser atropellado intencionalmente y asaltado por colonos israelíes antes de ser arrestado”. Manasrah fue “presionado” durante los interrogatorios y el juicio fue aplazado varias veces con el propósito evidente de esperar que cumpliera 14 años para poder dictar la condena.
"Una vez más, el tribunal israelí demuestra su trato racista hacia los palestinos", afirma Tariq Barghouth, abogado del Comité Palestino de Asuntos de los prisioneros, destacando “la política de doble estándar del sistema de justicia israelí cuando se trata de castigar a los palestinos acusados de cometer crímenes contra los israelíes, en comparación con los casos de colonos que atacan palestinos”.
Mientras tanto, a fines del mes de junio pasado, un adolescente que caminaba rumbo a su casa fue asesinado por soldados que perseguían a jóvenes palestinos que habrían arrojado piedras contra algunos vehículos que circulaban por la ruta 443 -una autopista construida en Cisjordania para uso exclusivo de los israelíes- hiriendo a dos turistas. Las Fuerzas israelíes abrieron fuego matando a Mahmoud Rafaat Badran de 15 años e hiriendo a dos de sus hermanos, junto con otros dos adolescentes palestinos.
Un vocero de las Fuerzas de Ocupación de Israel dijo más tarde que "Por la investigación inicial pareciera que los transeúntes fueron erróneamente alcanzados por los disparos durante la búsqueda. La FDI está investigando las circunstancias", como informa el boletín de la Federación Palestina de Chile (OIC).
Según el portal Marcha, Israel cuenta con “un blindaje de impunidad pocas veces observado en el mundo moderno”, poniendo en relieve que según el ministerio de Información de Palestina “entre los años 2000 y 2011, el Estado israelí había asesinado a 1456 niños y niñas.
La legislación israelí faculta al Tribunal Militar y el Servicio de Prisioneros de Israel para que se detenga y juzgue como adultos a los niños mayores de 12 años que sean capturados bajo acusación de cometer algún delito. Hay que tener en cuenta que el código penal tipifica las piedras como “herramientas dañinas”, es decir que las califican como si fueran armas.
Israel es miembro de la Convención de los Derechos del Niño desde 1989, pero lejos de asumir su responsabilidad por los acuerdos firmados, los viola constantemente. El artículo 37 de dicha Convención establece que “ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. También estipula que “todo niño o niña privado de su libertad tendrá derecho a rápido acceso legal , derecho a cuestionar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una rápida decisión sobre dicha acción”. Ante lo vivido por Ahmad Manasrah, al que mencionamos como ejemplo de la situación de decenas de menores encarcelados, se hace evidente que el estado de Israel, viola sistemáticamente los compromisos de la Convención a la que adhirió, además de “ignorar” reiteradamente las recomendaciones de las Naciones Unidas con respecto a la ocupación del territorio palestino, la proliferación de asentamientos ilegales, y otras violaciones a los más elementales derechos humanos, bajo la excusa de un mito creado a tal fin.
Niños maltratados y hambreados como los que, en nuestro país, son explotados en la zafra o los yerbatales, que recogen cartones en las ciudades y asisten a las escuelas para recibir un plato de comida no demasiado abundante ni nutritiva, tratando también ellos de sobrevivir a la discriminación y la miseria.
Todo esto, que podría ser calificado como un atentado a la infancia, al futuro de la humanidad, tiene su lamentable paradigma en la política llevada adelante por el gobierno de Israel en contra de los niños y jóvenes palestinos.
El Parlamento israelí aprobó hace un mes, con el apoyo de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, la denominada ‘ley de la juventud”. A pesar de lo que podría imaginarse al leer el título, esta nueva herramienta jurídica -promovida por Anat Berko, parlamentaria del mismo partido al que pertenece el primer ministro Bejamín Netanyahu- no es en favor de los jóvenes sino que permitirá encarcelar a “menores condenados por crímenes graves como asesinato, intento de homicidio u homicidio, incluso si el agresor es menor de 14 años”, destinada a condenar y encarcelar palestinos.
B’Tselem, una organización humanitaria israelí criticó duramente esta ley, y afirmó que “En lugar de enviarlos a prisión, sería mejor que Israel los enviase a la escuela, donde podrían crecer en la dignidad y la libertad, no bajo ocupación”.
En ese contexto, el pasado mes de mayo, un tribunal israelí condenó a Ahmad Manasrah, de 14 años, por "intento de asesinato" y posesión de un cuchillo, acusándolo de haber intentado atacar a un soldado en Jerusalén el año pasado.
Saleh Manasrah, padre de Ahmad afirma que su hijo “no trató de apuñalar a nadie; las acusaciones son falsas". Los fiscales basan su acusación en un hecho ocurrido en el barrio de Shufat –Jerusalén oriental, en el que soldados israelíes dispararon y mataron a su primo Hassan Manasrah, de 15 años y resultó gravemente herido Ahmad, “tras ser atropellado intencionalmente y asaltado por colonos israelíes antes de ser arrestado”. Manasrah fue “presionado” durante los interrogatorios y el juicio fue aplazado varias veces con el propósito evidente de esperar que cumpliera 14 años para poder dictar la condena.
"Una vez más, el tribunal israelí demuestra su trato racista hacia los palestinos", afirma Tariq Barghouth, abogado del Comité Palestino de Asuntos de los prisioneros, destacando “la política de doble estándar del sistema de justicia israelí cuando se trata de castigar a los palestinos acusados de cometer crímenes contra los israelíes, en comparación con los casos de colonos que atacan palestinos”.
Mientras tanto, a fines del mes de junio pasado, un adolescente que caminaba rumbo a su casa fue asesinado por soldados que perseguían a jóvenes palestinos que habrían arrojado piedras contra algunos vehículos que circulaban por la ruta 443 -una autopista construida en Cisjordania para uso exclusivo de los israelíes- hiriendo a dos turistas. Las Fuerzas israelíes abrieron fuego matando a Mahmoud Rafaat Badran de 15 años e hiriendo a dos de sus hermanos, junto con otros dos adolescentes palestinos.
Un vocero de las Fuerzas de Ocupación de Israel dijo más tarde que "Por la investigación inicial pareciera que los transeúntes fueron erróneamente alcanzados por los disparos durante la búsqueda. La FDI está investigando las circunstancias", como informa el boletín de la Federación Palestina de Chile (OIC).
Según el portal Marcha, Israel cuenta con “un blindaje de impunidad pocas veces observado en el mundo moderno”, poniendo en relieve que según el ministerio de Información de Palestina “entre los años 2000 y 2011, el Estado israelí había asesinado a 1456 niños y niñas.
La legislación israelí faculta al Tribunal Militar y el Servicio de Prisioneros de Israel para que se detenga y juzgue como adultos a los niños mayores de 12 años que sean capturados bajo acusación de cometer algún delito. Hay que tener en cuenta que el código penal tipifica las piedras como “herramientas dañinas”, es decir que las califican como si fueran armas.
Israel es miembro de la Convención de los Derechos del Niño desde 1989, pero lejos de asumir su responsabilidad por los acuerdos firmados, los viola constantemente. El artículo 37 de dicha Convención establece que “ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. También estipula que “todo niño o niña privado de su libertad tendrá derecho a rápido acceso legal , derecho a cuestionar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una rápida decisión sobre dicha acción”. Ante lo vivido por Ahmad Manasrah, al que mencionamos como ejemplo de la situación de decenas de menores encarcelados, se hace evidente que el estado de Israel, viola sistemáticamente los compromisos de la Convención a la que adhirió, además de “ignorar” reiteradamente las recomendaciones de las Naciones Unidas con respecto a la ocupación del territorio palestino, la proliferación de asentamientos ilegales, y otras violaciones a los más elementales derechos humanos, bajo la excusa de un mito creado a tal fin.
(*) Especialista en la causa de Palestina. Colaboradora de La Nave de la Comunicación
