El próximo 18 de octubre, el gobierno nacional pretende realizar una
“evaluación censal” a los estudiantes de sexto grado y quinto año (y a
algunos de tercer grado y segundo año). Lo llaman Operativo Aprender,
pero en realidad el objetivo es generar información sobre las escuelas
para descargar la responsabilidad de la situación de la educación en los
estudiantes, docentes y familias, desligando al Estado de su rol de
garante de derechos. Así buscan justificar medidas de ajuste. Esto ya se
hace en países como Chile o México, donde la privatización educativa y
la precariedad laboral han avanzado de la mano de este tipo de
evaluaciones externas y estandarizadas.
También quieren imponer dentro de las escuelas una lógica de la competencia entre docentes, escuelas, estudiantes y familias. En última instancia buscan establecer rankings para poner, con el tiempo, premios y castigos salariales a sus docentes y de recursos a las escuelas. Esto sólo reforzaría la desigualdad ya que es injusto comparar estudiantes y escuelas de contextos sociales y económicos diferentes.
Nos parece errado hacer una misma evaluación a todos los estudiantes desconociendo las realidades de cada aula ¿Quiénes son los que deciden qué se evalúa y cómo? ¿Por qué se plantea la evaluación como una instancia comparativa y punitiva? ¿Por qué no se piensa en revalorizar el trabajo escolar en torno a la evaluación desde cada escuela? Se está desconociendo la labor docente e institucional del día a día. Los docentes evaluamos en cada escuela, a cada chico en forma particular, apuntando a los aprendizajes reales y concretos de cada uno, de acuerdo a lo enseñado y teniendo en cuenta a quién se evalúa, su trayectoria y el contexto.
Si cada escuela realiza instancias evaluativas durante todo el año lectivo, ¿por qué son necesarias evaluaciones externas, estandarizadas, que no tienen en cuenta la realidad de cada institución y que no mejoran la educación? ¿Por qué gastar millones de pesos en evaluaciones mientras no dan respuesta a los problemas básicos de infraestructura y vacantes en los jardines?
En países como Chile, México y Estados Unidos, donde ya se realizan estas evaluaciones desde hace años, se están produciendo reacciones de rechazo por parte de los padres y docentes. Cuestionan que los lineamientos de las evaluaciones los deciden las empresas contratadas para tal fin, y se deja de enseñar lo que dicen los programas escolares para adiestrar en la respuesta a las preguntas de tipo “choice” de la evaluación, lo que empobrece la educación en lugar de mejorarla. También que se estigmatiza a los niños con problemas de aprendizaje porque “bajan” la nota de la escuela y resultan “culpables” de reducciones salariales de docentes y de recursos para sus escuelas. De esta manera se promueve una educación para el rendimiento, se jerarquizan la habilidades por sobre el conocimiento y el análisis crítico, a la vez que tiende a ponderar el aprendizaje de unas materias sobre otras. Se pone el foco en el corto plazo y los resultados sin contemplar que el aprendizaje es un proceso y debe contemplarse como tal.
Por todo lo antes mencionado proponemos rechazar esta evaluación que no tiene otro objetivo que el de impulsar un modelo cada vez más privatista, regido por la competencia y el lucro.
También quieren imponer dentro de las escuelas una lógica de la competencia entre docentes, escuelas, estudiantes y familias. En última instancia buscan establecer rankings para poner, con el tiempo, premios y castigos salariales a sus docentes y de recursos a las escuelas. Esto sólo reforzaría la desigualdad ya que es injusto comparar estudiantes y escuelas de contextos sociales y económicos diferentes.
Nos parece errado hacer una misma evaluación a todos los estudiantes desconociendo las realidades de cada aula ¿Quiénes son los que deciden qué se evalúa y cómo? ¿Por qué se plantea la evaluación como una instancia comparativa y punitiva? ¿Por qué no se piensa en revalorizar el trabajo escolar en torno a la evaluación desde cada escuela? Se está desconociendo la labor docente e institucional del día a día. Los docentes evaluamos en cada escuela, a cada chico en forma particular, apuntando a los aprendizajes reales y concretos de cada uno, de acuerdo a lo enseñado y teniendo en cuenta a quién se evalúa, su trayectoria y el contexto.
Si cada escuela realiza instancias evaluativas durante todo el año lectivo, ¿por qué son necesarias evaluaciones externas, estandarizadas, que no tienen en cuenta la realidad de cada institución y que no mejoran la educación? ¿Por qué gastar millones de pesos en evaluaciones mientras no dan respuesta a los problemas básicos de infraestructura y vacantes en los jardines?
En países como Chile, México y Estados Unidos, donde ya se realizan estas evaluaciones desde hace años, se están produciendo reacciones de rechazo por parte de los padres y docentes. Cuestionan que los lineamientos de las evaluaciones los deciden las empresas contratadas para tal fin, y se deja de enseñar lo que dicen los programas escolares para adiestrar en la respuesta a las preguntas de tipo “choice” de la evaluación, lo que empobrece la educación en lugar de mejorarla. También que se estigmatiza a los niños con problemas de aprendizaje porque “bajan” la nota de la escuela y resultan “culpables” de reducciones salariales de docentes y de recursos para sus escuelas. De esta manera se promueve una educación para el rendimiento, se jerarquizan la habilidades por sobre el conocimiento y el análisis crítico, a la vez que tiende a ponderar el aprendizaje de unas materias sobre otras. Se pone el foco en el corto plazo y los resultados sin contemplar que el aprendizaje es un proceso y debe contemplarse como tal.
Por todo lo antes mencionado proponemos rechazar esta evaluación que no tiene otro objetivo que el de impulsar un modelo cada vez más privatista, regido por la competencia y el lucro.
Sigamos defendiendo juntos una escuela pública para todos.
